La organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas expresaron su «enérgico rechazo» a la reforma constitucional lo cual daría el control de la Guardia Nacional al Ejército, luego de advertir los riesgos de avalar dicha iniciativa.
«En nombre de las víctimas que acompañamos, queremos manifestar nuestro enérgico rechazo a esta reforma constitucional para formalizar el regreso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)», señaló durante una conferencia de prensa Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Por otro lado, el activista precisó que habla de un «regreso» de la Guardia Nacional a la Sedena porque «siempre ha sido una extensión» de la misma luego de apoyar en los operativos y reforzamiento de la seguridad pública, lo que ha recrudecido la problemática de violaciones a los derechos humanos, asesinatos y desapariciones en el país.
Es preciso mencionar que la iniciativa de reforma formalizaría el paso de la Guardia Nacional, creada en marzo de 2019, a la Sedena, además de su incorporación a la Fuerza Armada Permanente.
Ante esto, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, recordó que el cuerpo policial, por lo menos en el papel, es una institución de carácter civil aunque cuando comenzó a conformarse se hizo con el personal militar y es dirigida por militares.
«Esto, a pesar de que el uso de militares en las tareas de seguridad pública no ha solucionado la grave crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace tres sexenios», remarcó.
Por otro lado, las organizaciones alertaron que la Guardia Nacional es la séptima institución con más quejas por las presuntas violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con mil 772 expedientes registrados, de acuerdo con el Sistema de Alerta de este organismo.
Mientras tanto, Gabriela García, la organización Intersecta, explicó que además de que el paquete de 20 reformas propuesto por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en el pasado mes de febrero, tienen las implicaciones diversas, pero de forma especial preocupan a cuatro de ellas por la forma en que afectan en su conjunto.
Entre ellas se encuentra la reforma al Poder Judicial, la cual fue recién publicada la semana pasada, mientras que la reforma a la prisión preventiva oficiosa, la desaparición de órganos autónomos y también la Guardia Nacional.
«Dado que todo parece indicar que te van a aprobar de manera simultánea, es fundamental leerlas en conjunto, los cambios que suponen no sucederán de manera aislada, sino conjunta más poderes para los militares, más facilidad para encarcelar personas, menos independencia entre poderes y menos transparencia», alertó.
Sin embargo, Marisol Méndez, quien es coordinadora de Incidencia de la Fundación por la Justicia, expresó que en dado caso de aprobarse la ley, México estaría incumpliendo con las obligaciones internacionales, las cuales tiene con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual ha pedido cumplir con los estándares internacionales sobre el respeto a los derechos humanos.
Ante esto, las organizaciones pidieron a los legisladores que voten en contra de la propuesta, abriéndose al diálogo y que además respeten las recomendaciones internacionales en materia de los derechos humanos.
Fuente: López-Dóriga
