La ONG “México Evalúa” advierte de una alta impunidad en México y peligros de la reforma judicial.

Ciudad de México.-La entidad “México Evalúa” ha emitido una alerta el pasado jueves sobre la alarmante tasa de impunidad en México, donde más del 93% de los delitos denunciados no resultan en condenas, por ello advirtió que la impunidad en México aumentará con los efectos de la reforma judicial.

El informe “Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, presentado en la Ciudad de México, revela que el año pasado, el 93.6% de los delitos investigados no fueron sancionados, con los mayores índices en Oaxaca (99.9%), Jalisco (99.12%) y Colima (97.5%).

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Los crímenes que más frecuentemente quedaron sin castigo incluyen la desaparición forzada (99.5%), la extorsión (98.3%), el fraude (97.2%) y el homicidio doloso (96.8%).

Análisis de la impunidad en México

El estudio critica las falencias del sistema de justicia penal mexicano y subraya que “la sobrecarga en fiscalías, juzgados y defensorías públicas puede llevar a errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, comprometiendo el debido proceso”.

Durante 2023, cada fiscal o agente del Ministerio Público gestionó en promedio 310 carpetas de investigación, un aumento del 71% respecto a las 181 del año anterior. Cada juez penal, por su parte, manejó en promedio 356 causas, comparado con 335 en 2022.

En un contexto de debate sobre la elección de jueces en 2025, México Evalúa advierte que aunque los defensores de la reforma judicial prometen una reducción de la impunidad, “en realidad se ignoraron sus causas y condiciones”.

La organización también señala los problemas de involucrar a la Guardia Nacional en la investigación de delitos, argumentando que “su formación militar carece del enfoque en seguridad ciudadana y derechos humanos necesario para una investigación efectiva”.

Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia, menciona que “actualmente, solo 3.6 % de las carpetas de investigación llegan ante un juez”.

Mariana Campos, directora general, enfatiza la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia penal con personal adecuadamente capacitado y en cantidad suficiente, y agrega que “no bastará con invertir más recursos. Se debe replantear su distribución con una visión de sostenibilidad, inclusión y orientación a resultados”.

Finalmente, el reporte señala que los procesos penales más ágiles fueron los acuerdos reparatorios, con una duración media de 214 días, mientras que los juicios orales fueron los más prolongados, con 553 días.

Esto pone en duda la promesa de una justicia pronta y expedita que se espera con la próxima elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025.