Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2025. Entre el 3 y 7 por ciento de la población mexicana, tiene alguna condición auditiva, es decir 10 millones de personas. De éstas, casi el 90 por ciento viven en situación de discriminación, ya sea educativa, laboral, de salud y seguridad social, informó el Ombudsperson, Marco Antonio Tinoco Álvarez.

Lo anterior, al presentar la conferencia: “La verdadera praxis del Intérprete de Lengua de Señas Mexicana, como herramienta garante de los Derechos Humanos”, impartida por la Ombudsperson de Yucatán, María Guadalupe Méndez Correa y el conversatorio “El intérprete de Lengua de Señas Mexicana como garante del Derecho Lingüístico y a la No Discriminación para el vivir diario de las Personas con Discapacidad Auditiva”.

Tinoco Álvarez indicó que la atención a la comunidad sorda del país es un gran reto, no sólo para las Comisiones de Derechos Humanos, sino para las estructuras gubernamentales, para las instituciones educativas e incluso para la sociedad mexicana en su conjunto.

Dijo que estos espacios que abre la CEDH ayudan a visibilizar las carencias, pero contribuyen a buscar soluciones, por lo que agradeció la participación de representantes de la sociedad civil, así como de instituciones educativas y dependencias gubernamentales y miembros del Congreso de Michoacán.

La diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez, presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia del Congreso del Estado, consideró que se debe legislar con perspectiva de derechos humanos, dado que la tercera parte de la población de Michoacán son niñas, niños y adolescentes, y que, 98 mil de éstos tienen alguna discapacidad.

Durante su conferencia, la presidenta de los Derechos Humanos de Yucatán, María Guadalupe Méndez Correa, puntualizó que las personas intérpretes de Lengua de Señas Mexicana son las principales garantes de los Derechos Humanos y Lingüísticos de las personas sordas, pues son las que facilitan el proceso de comunicación y quienes transmiten su sentir.

Aclaró que la profesión de Interprete de LSM es muy compleja pues está íntimamente ligada a la ética, es decir, se trata de un acto de carácter moral.

Méndez Correa dijo que si se lograr realizar una sinergia entre la profesionalización, la ética, el compromiso, la actuación, la actualización, el respeto a los derechos humanos de las personas sordas, la honestidad y, sobre todo, la sensibilidad y la conciencia, se lograra un estado donde las diferencias puedan relacionarse armónicamente y en donde no exista la discriminación, y, por lo tanto, prive el respeto y la sensibilidad.

De igual forma, participaron como ponentes en el Conversatorio: Guadalupe Méndez Correa, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán e Intérprete de Lengua de Señas Mexicana; Julio César Almanza Vega, Intérprete Certificado de Lengua de Señas Mexicana; Elizabeth Araceli Vega Mora, Maestra de Educación Especial e Intérprete de Lengua de Señas Mexicana, y, Miguel Almanza Vega, Presidente de la Asociación Michoacana de Intérpretes de Lengua de Señas. Como moderador estuvo Daniel Zurisaday Ponce Hernández, intérprete de Lengua de Señas Mexicana de la CEDH Michoacán.

En sus intervenciones, los participantes coincidieron en señalar cuestiones neurálgicas que se podrían resumir en: la urgencia de contar con un mayor número de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM); establecer Centros de Adquisición temprana de LSM; reconocer el importantísimo papel que desempeñan los intérpretes, dado que se convierten herramientas que contribuyen a derribar las barreras actitudinales y de comunicación.

Finalmente se manifestaron a favor de que los intérpretes reciban una remuneración justa y de que se incluya la LSM en la currícula de la educación, desde el nivel básico, y, anunciaron que la Asociación Michoacana de Intérpretes de Lengua Mexicana está trabajando en la elaboración de un Código de Ética que sea vinculante y sancionador.

Asistieron también a este evento: Mónica Sánchez Cachu, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, en representación de la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado; Juana Chávez Guzmán, sub directora de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Secretaría del Bienestar en Michoacán ; Laura Elizabeth Sosa Zaragoza, coordinadora del Mecanismo de Monitoreo Estatal de los Derechos de las Personas con Discapacidad; Omar Negrón Villarán, director general de IMCED; Tatiana Cruz Lira, directora general del CRIT Michoacán; Andrea Gutiérrez Coto, de La Salle Morelia; Norma Elizabeth Alfaro Leal, rectora de la Universidad Magno Americana; Saúl Carlos Pérez Cortés, presidente de la Asociación Mexicana para Sordos, e, integrantes del Mecanismo de Monitoreo Estatal de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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