Financiamiento público 2027 de los partidos

Yurisha Andrade Morales*

En aportaciones anteriores he reflexionado con mis lectores de este portal sobre la importancia y montos del financiamiento público que reciben los partidos políticos conforme con las disposiciones y fórmula de cálculo prevista en la normativa electoral que nos rige, en tanto la Constitución los reconoce como entidades de interés público cuyo propósito es facilitar el acceso de las y los ciudadanos a cargos de elección popular, representar a segmentos específicos de la sociedad, canalizar la demanda social y promover la capacitación política de la ciudadanía. El financiamiento partidario es un mecanismo que permite generar un piso adecuado para la competencia, asegurándoles recursos para dar a conocer su oferta al electorado y desplegar sus actividades a nivel nacional.

​El martes de la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral aprobó el cálculo de los recursos que en 2027 serán entregados a los ocho partidos políticos nacionales, lo mismo ocurrirá en las 32 entidades federativas, conforme con los cálculos que realicen los institutos electorales locales, incluyendo a partidos locales donde tengan registro. La asignación presupuestal partidaria cobra mayor relevancia si consideramos el debate que hay en el entorno para evitar que los grupos de la delincuencia organizada aporten recursos para luego coaccionar candidaturas o presionar, indebidamente, a los funcionarios que obtengan el triunfo en ayuntamientos y gubernaturas.

​Como sabemos, la bolsa de recursos a repartir se calcula multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con corte al 31 de julio por el 65% del valor de la UMA: 103 millones 333 mil 465 por el sesenta y cinco por ciento de 117.31 pesos (76.25), lo cual genera un monto total para gastos ordinarios de 7 mil 879 millones 331 mil 706 pesos. Adicionalmente, la ley dice que tratándose de años con elecciones donde solo se eligen las diputaciones federales, se asigna un 30% adicional de esa cantidad para gastos de campaña, esto es, 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos; para candidaturas independientes se estableció una previsión de 47 millones 275 mil 990 pesos; para actividades editoriales y de capacitación de los partidos 236 millones 379 mil 951 pesos; para franquicias postales 315 millones 173 mil 272 pesos; y para franquicias telegráficas 693 mil 496 pesos. El monto global que recibirán los partidos será de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos.

​El monto de recursos que recibirán los partidos, en su totalidad, incluso la parte que corresponderá a algunos de ellos es superior al presupuesto de ciertas instituciones y/o dependencias públicas. Morena obtendrá 3 mil 600 millones, el PAN 1,600, el PRI y PVEM 1,300, por señalar algunos ejemplos. Puede observarse cómo en el caso del partido mayoritario, el monto que le corresponde es superior a los poco más de 2 mil 100 millones de pesos que anualmente recibe la Secretaría de la Mujer. Con estos recursos, en el concepto del legislador, se busca equilibrar las condiciones de la competencia entre las fuerzas políticas, otorgándoles recursos que les garanticen un piso mínimo para su funcionamiento cotidiano y para la búsqueda del voto ciudadano, lo cual genera el compromiso de que actúen con absoluta transparencia en su administración y ejercicio.

​Todas las instituciones públicas, los partidos políticos caben en esta categoría, están obligadas a rendir cuentas, a informar a la ciudadanía cuánto reciben, por concepto de financiamiento público, pero también por la vía de las aportaciones de sus militantes, simpatizantes y candidaturas. Transparentar sus finanzas no es una concesión gratuita, es una obligación legal de todos los organismos que reciben recursos públicos, más en un entorno signado por la desconfianza, peligros y tentaciones que partidos y candidaturas enfrentan con los grupos del crimen organizado.

​Los procesos electorales 2026-2027 tendrán una enorme trascendencia para el futuro de la democracia mexicana, para nuestras instituciones y derechos políticos. Los partidos y candidaturas independientes competirán por el voto ciudadano para acceder a los cargos públicos, buscando definir un nuevoequilibrio en la distribución del poder en el Congreso de la Unión y nuevas formas de gobernanza en las entidades federativas. Estos procesos también representanuna prueba crucial para la autonomía y capacidad operativa de los institutos y tribunales electorales.

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade