Arved Alcántara / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Lo ocurrido la mañana del 24 de marzo de 2026 en la Preparatoria Anton Makárenko, en Lázaro Cárdenas, rompe con el relato que las autoridades, tanto en materia de seguridad como educativa, han construido durante dos décadas para explicar la violencia que rodea a las escuelas. El presunto responsable de asesinar a dos maestras tenía 15 años, publicó un aviso a las 2:00 de la madrugada y portaba un fusil de asalto calibre 5.56; sus mensajes estaban vinculados con comunidades ‘incel’, espacios digitales de radicalización masculina que operan en los márgenes de la web superficial.

Erik Avilés Martínez, presidente de Mexicanos Primero Michoacán, plantea que el verdadero punto de partida está la forma en que el sistema educativo se relaciona con señales complejas que circulan dentro y fuera de la escuela en torno a la violencia. “La pregunta entonces requiere ser reformulada: el problema central en Michoacán no es que la violencia exista, sino que el sistema educativo carece de las herramientas conceptuales, técnicas y emocionales para reconocerla, nombrarla y actuar sobre ella”, asevera.

En entrevista con La Voz de Michoacán, advierte que existe una contradicción clara: a la escuela se le asigna la función de prevenir y contener fenómenos que no está equipada para procesar. “Pedirles a los docentes que detecten señales de radicalización, depresión severa y crisis de salud mental en sus estudiantes, sin haberles dado jamás formación para ello, sin personal especializado a su lado, sin protocolos operativos y sin presupuesto, es una forma de violencia institucional contra el magisterio”, expone. La consecuencia es la sobrecarga de responsabilidades, además de la imposibilidad de construir políticas preventivas con capacidad operativa.

Mexicanos Primero indica que esta postura se ubica en un punto intermedio entre dos lecturas que, asegura, son “simplificadas”: por un lado, la idea de que las señales eran completamente evidentes y fueron ignoradas; por otro, la noción de que se trataba de un hecho imprevisible. En la práctica, lo que refiere Erik Avilés es que en México predomina un sistema que no cuenta con mecanismos para interpretar información, ya sea ambigua, obvia o fragmentada.  “Las señales existían, eran visibles, estaban publicadas en redes sociales siete horas antes del ataque, eran avisos legibles. Que esas señales cruzaran el sistema sin activar respuesta alguna revela una ausencia estructural de capacidades, protocolos y cultura institucional”, sostiene.

Ese vacío no se limita a la detección. El docente que identifica un cambio de conducta, un mensaje preocupante o un entorno de riesgo suele no disponer de un procedimiento claro para intervenir, “el maestro que detecta algo preocupante no sabe a quién reportarlo, qué decir, cómo abordarlo sin desbordarse”.

En ese orden de ideas, el delegado estatal de la organización afirma que la problemática no se reduce a la voluntad individual, en tanto a la inexistencia de un andamiaje institucional que permita transformar estos indicios en acciones, establecer niveles de riesgo y activar respuestas diferenciadas según cada caso.

A tomar acciones preventivas

A partir de ese diagnóstico y del hecho de que no se está ante un hecho completamente aislado en el país -como han querido referir algunas autoridades-, Mexicanos Primero Michoacán pondera varias dimensiones que deben ser tratadas de forma simultánea para prevenir en la medida de lo posible nuevas tragedias como la de Lázaro Cárdenas, Monterrey (2017) o Ciudad de México (2025).

La primera es la formación docente en salud mental y primeros auxilios psicológicos. Los profesores, explica Erik Avilés, están expuestos de forma cotidiana a manifestaciones de violencia, duelo y crisis emocional en sus estudiantes, sin que exista una política sistemática de capacitación. La propuesta es incorporar módulos obligatorios dentro de los esquemas de actualización docente, con contenidos sobre identificación de señales de riesgo, intervención inicial y rutas de canalización: “esto ya existe en otros sistemas educativos… y puede ser adaptado al contexto michoacano”.

La segunda dimensión es la presencia de personal especializado en los planteles, ya que la atención socioemocional, considera, no puede recaer exclusivamente en los docentes. Se requiere la incorporación de psicólogos escolares, orientadores y trabajadores sociales con capacidad técnica actualizada. “La ausencia de estas figuras no es un accidente, es una decisión de política pública que limita la capacidad de respuesta del sistema educativo frente a situaciones de crisis y reduce la posibilidad de seguimiento continuo de los casos detectados”.

Una tercera dimensión se sitúa en el plano cultural: la construcción de entornos escolares donde sea posible nombrar el malestar implica modificar prácticas arraigadas tanto en la escuela como en el entorno social. “Los jóvenes michoacanos aprenden desde temprano que el malestar se calla, que la vulnerabilidad se oculta, que pedir ayuda es señal de debilidad”, refiere. En contextos de violencia persistente, esos ‘mecanismos de silencio’ funcionan como estrategias de adaptación y para evitar críticas, pero al mismo tiempo dificultan la detección temprana de situaciones de riesgo y la intervención oportuna por parte de adultos y autoridades.

En ese panorama, Mexicanos Primero Michoacán propone la creación de una figura denominada Consejos de Bienestar Escolar. Estos espacios, integrados por docentes, estudiantes, familias y personal de apoyo, tendrían la función de revisar el clima emocional de los planteles, evaluar protocolos de alerta y canalizar casos hacia servicios especializados. Subraya que su operación requiere presupuesto, metodologías participativas y mecanismos de rendición de cuentas que permitan dar seguimiento a las decisiones tomadas y a los resultados obtenidos.

‘Escuelas, relativamente seguras’

Y es que existe una tendencia histórica a minimizar o encubrir las problemáticas de violencia en planteles escolares, lo que impide dimensionarlas y atenderlas. Un informe anual sobre derechos a la educación y protección en comunidades escolares sería una forma de generar información sistemática sobre violencia, salud mental y condiciones de seguridad, con datos verificables y desagregados que permitan evaluar la eficacia de las políticas implementadas.

Reconoce el también especialista en política pública que “las escuelas no son espacios plenamente seguros ni zonas de riesgo absoluto”, funcionan como entornos de seguridad relativa, sostenidos por el trabajo cotidiano de docentes y comunidades en contextos que muchas veces los pueden rebasar. “Al mismo tiempo, reflejan las dinámicas de violencia presentes en su entorno: reclutamiento en las inmediaciones, conflictos familiares trasladados al aula y procesos de duelo no resueltos”.

Desde esta perspectiva, Avilés Martínez explica que lo ocurrido en Lázaro Cárdenas no debe verse como episodio aislado, se inscribe en una cadena de eventos que incluyen amenazas a docentes, presencia de actores armados en zonas escolares y otros ataques registrados en distintas entidades. “Forma parte de una cadena de señales que el sistema acumula sin procesar”. Expone que la particularidad del caso —la radicalización digital, el tipo de arma, el aviso previo— no lo desvincula de ese patrón, si bien añade una capa de complejidad en la forma en que se manifiestan los riesgos dentro de las comunidades educativas.

Entre las propuestas de Mexicanos Primero en materia de seguridad escolar se incluyen la elaboración de un diagnóstico estatal que identifique condiciones reales en cada plantel, la implementación de protocolos de monitoreo de señales en entornos digitales y la creación de mecanismos de protección para el magisterio. En particular, el monitoreo de redes sociales debe verse como una herramienta con enfoque de derechos, en equilibrio con la protección de la privacidad, “pero con capacidad para activar alertas cuando se identifiquen patrones de riesgo”.

Agrega que en Michoacán la cobertura centrada en hechos violentos contribuye a consolidar una percepción que reduce la complejidad del sistema educativo a episodios de crisis, pero que al mismo tiempo “urge sacar la educación de la nota roja”. Afirma que esto no depende sólo de la cobertura mediática. Se requiere la capacidad institucional para generar condiciones verificables de seguridad, atención socioemocional y funcionamiento escolar, plantea Avilés Martínez. La discusión entonces debe ubicarse en el diseño de políticas públicas con presupuesto, protocolos operativos y mecanismos de seguimiento.