El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo exige justicia por la violencia de la Guardia Nacional que resultó en la muerte de una menor.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha presentado una queja al gobierno federal tras la trágica muerte de una niña en la ciudad, causada violencia de miembros de la Guardia Nacional.
Dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gabinete de Seguridad, además de a las autoridades estatales y municipales, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité, expuso el caso de Lidia Iris Fuentes Galván, de 8 años, quien fue fatalmente herida en su hogar el pasado 12 de octubre durante un supuesto enfrentamiento en su vecindario.
La madre de Lidia Iris, Lidia Galván, y su hija estaban de regreso de una papelería y aún no habían llegado a casa. La señora Galván se enteró a través de redes sociales que su hija estaba gravemente herida y en el Hospital General. Al llegar, confirmaron el fallecimiento de la niña.
Se reportó que esa noche, la ausencia de un médico neurocirujano impidió que la niña recibiera la atención especializada necesaria. La madre también declaró que los disparos provenían de agentes de la Guardia Nacional que seguían a civiles en una camioneta pick up blanca.
La abuela de la niña, también herida, afirmó que los agentes les apuntaron con sus armas tras el incidente. Fueron soldados quienes trasladaron a la niña al centro médico.
La violencia de la Guardia Nacional
El Comité exige una investigación rápida para identificar y responsabilizar a los agentes involucrados, y pide atención para las necesidades de la familia afectada. Solicitan también una audiencia en Palacio Nacional con familiares de menores afectados por disparos de la Guardia Nacional y el Ejército.
El comunicado del Comité también menciona advertencias previas sobre los riesgos de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, especialmente por violaciones a la ley de uso de la fuerza y la falta de transparencia en reportes de uso de fuerza letal contra civiles.
Además, se detalla que otros dos civiles fueron asesinados en incidentes similares el 11 y 12 de octubre, identificando a las víctimas como Yuricie Rivera Elizalde y Diego Alfredo.
Según testimonios, los militares dispararon indiscriminadamente durante una persecución, afectando a civiles inocentes.
El Comité condena la actuación del gobierno de Tamaulipas por su falta de respuesta y apoyo a las familias de las víctimas.
