En un giro sorpresivo y polémico, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León decidió cerrar múltiples investigaciones contra el gobernador Samuel García, incluyendo denuncias por operaciones inmobiliarias multimillonarias y presuntas triangulaciones financieras.

Según fuentes cercanas al caso, el Fiscal General Javier Flores ejerció su facultad de atracción sobre al menos cuatro carpetas de investigación, dos de las cuales estaban siendo analizadas por la Fiscalía Anticorrupción. Posteriormente, Flores ordenó el inejercicio de la acción penal, lo que en la práctica equivale a archivar los casos.

Entre los expedientes cerrados figura la adquisición de un terreno de 18 hectáreas en San Pedro Garza García, valuado en 700 millones de pesos, así como la compra de un rancho de 700 hectáreas en Linares. Ambos casos habían sido denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción.

Otro de los casos archivados involucra una investigación sobre presuntas triangulaciones por más de 200 millones de pesos provenientes de proveedores estatales hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, vinculado a García y su padre. También se desechó un expediente relacionado con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunque no se ha emitido una postura oficial por parte de la Fiscalía, fuentes internas afirman que los cierres fueron dictados desde mayo. El gobernador, en una inusual muestra de respaldo, elogió recientemente el trabajo del Fiscal Flores durante una sesión de la Mesa de Seguridad, destacando su liderazgo institucional y los avances en seguridad pública.

El cierre de estas investigaciones ha generado inquietudes en sectores políticos y sociales, que cuestionan la transparencia del proceso y temen un uso político de las instituciones judiciales.

Este episodio marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre los poderes del estado y deja abiertas muchas preguntas sobre la rendición de cuentas en la administración estatal.