En medio de crecientes controversias sobre la transparencia y seguridad del sistema de inyección letal, la Corte Suprema de Tennessee anunció las fechas de ejecución para cuatro personas condenadas a muerte, reavivando el debate sobre la aplicación de la pena capital en el estado.

Entre los casos programados se encuentra el de Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte en Tennessee, cuya ejecución fue fijada para septiembre de 2026, casi tres décadas después de su condena.

Christa Pike fue sentenciada en 1995 por el asesinato de su compañera de estudios, Colleen Slemmer, cuando ambas tenían apenas 18 años. Los registros judiciales señalan que Pike, junto con su entonces novio, cometió el crimen con extrema violencia.

Aunque su pareja recibió cadena perpetua, Pike fue condenada a la pena capital. Su defensa ha insistido durante años en que su juventud y sus antecedentes de salud mental deberían considerarse para conmutar la sentencia. “Ha mostrado remordimiento genuino y una transformación personal con el paso del tiempo”, expresaron sus abogados tras conocerse la nueva fecha.

Tennessee reanudó las ejecuciones este año, luego de una suspensión de tres años provocada por irregularidades en el manejo de los químicos utilizados para las inyecciones letales. Una auditoría reveló que el estado no había verificado la pureza ni la seguridad de los compuestos en al menos siete ejecuciones previas.

También te podría interesar: Detienen en Argentina a ciudadano uruguayo acusado de triple homicidio y secuestro de su hijo

El caso más polémico fue el de Byron Black, ejecutado en agosto pasado pese a padecer demencia y enfermedades graves. Testigos denunciaron que el procedimiento se prolongó casi diez minutos y que el reo mostró signos de dolor, lo que provocó la condena de organismos de derechos humanos.

Además de Pike, el máximo tribunal fijó las fechas para Tony Carruthers, Gary Sutton y Anthony Hines, todos condenados por homicidio en distintas décadas.
Carruthers fue sentenciado en 1996 por un triple asesinato relacionado con una disputa por narcotráfico; Sutton, en 1992, por la muerte de dos hermanos en el condado de Jefferson; y Hines, en 1985, por el homicidio de una trabajadora de motel en Kingston Springs.

Grupos defensores de los derechos humanos advierten que las ejecuciones podrían reanudarse sin haber resuelto las fallas del protocolo. “No se trata solo de justicia, sino de humanidad. Tennessee aún no ha demostrado que sus métodos sean éticos ni seguros”, declaró la abogada Kelley Henry, quien representa a varios internos del corredor de la muerte.

A pesar de los reclamos, el estado parece decidido a continuar con las sentencias pendientes. Mientras tanto, los casos de Christa Pike y los otros tres condenados vuelven a poner bajo la lupa el sistema de justicia penal estadounidense y su compleja relación con la pena de muerte.

Fuente: Noticias Telemundo