Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2024.- La diputada local, Brissa Arroyo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 64 del Código Penal para el Estado de Michoacán, lo que permitirá aumentar las penas en contra de quienes agredan a los periodistas.

En la exposición de motivos, la Congresista, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, afirmó que sin libertad de expresión no hay diálogo, intercambio de ideas, crítica al poder, descubrimiento de la verdad ni opinión pública. En pocas palabras, sin libertad de expresión no hay democracia.

Dijo que los países que alcanzan un desarrollo social equilibrado y estabilidad democrática son aquellos que respetan derechos humanos vitales como las libertades de expresión y de prensa.

La pérdida de estas libertades debilita los procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas, complementó.

 “Hoy propongo que no haya más impunidad, que no permitamos que el derecho a la libertad de expresión se limite o censure y que cuando alguien, con dolo, pretenda atentar contra la vida o integridad de un comunicador o comunicadora obtenga una pena más alta”, expuso la diputada local.

 “Y que no se utilice el servicio público como un escudo para ejercer violencia sobre aquellos que informan a la ciudadanía sobre el acontecer de cada día; que se garantice una sanción ejemplar para aquellos que pretendan limitar la libertad de expresión de las mujeres periodistas en Michoacán”, planteó la legisladora.

 “Quitemos las cadenas a la libertad de expresión y pongamos sanciones a la opresión”, sostuvo.

La diputada perredista convocó a reflexionar el papel de los medios de comunicación y de los periodistas en la sociedad, así como la importancia de que ejerzan a cabalidad aquellos derechos que les permitan no sólo cumplir su función pública en beneficio de la ciudadanía, sino en la construcción de un verdadero Estado democrático.

En la iniciativa se expone que cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito.

En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.

Es importante destacar que en esta iniciativa presentada por la diputada Brissa Arroyo, se suscribieron diputadas y diputados de las diferentes fracciones parlamentarias; y fue turnada a  la Comisión de Justicia para su estudio y análisis.