La SSPC presentó su informe “Cero Impunidad” en el que revela progresos y desafíos en el sistema de justicia en México.
Ciudad de México.-El Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, desglosó el informe “Cero Impunidad” del 11 al 24 de junio, resaltando logros en extradición, arrestos y fallos judiciales, pero también obstáculos en la aplicación de la ley.
En las últimas semanas, se efectuaron tres notables extradiciones a Estados Unidos:
- José ‘N’, acusado por la Corte de California de homicidio y tentativa de homicidio
- Anthony ‘N’, demandado por la Corte de Nueva York por el homicidio de un infante
- Brian ‘N’, buscado por la Corte de California por asesinato premeditado, secuestro y conspiración criminal.
La Fiscalía General y cuerpos de seguridad han realizado arrestos de individuos implicados en crímenes graves:
- Carlos ‘N’, capturado por desaparición forzada en Chihuahua.
- Daniel ‘N’, conocido como ‘La Parka’, por homicidio y otros crímenes en Estado de México.
- Joaquín Jonathan ‘N’ y Brayan Manuel ‘N’, por el asesinato de una familia en Guanajuato.
- María del Rosario ‘N’, relacionada con el caso de los hermanos González Moreno en Jalisco.
Se procesó a dos sujetos por el asesinato de un suplente a candidato en Morelos:
- Diana ‘N’.
- Luis Rodolfo ‘N’.
El documento también destaca condenas ejemplares:
- Lev Norman ‘N’, condenado a cadena perpetua por feminicidio en Estado de México.
- Jesús ‘N’ y Eduardo ‘N’, sentenciados a 171 y 115 años de cárcel, respectivamente, por múltiples homicidios en Guanajuato.
Rodríguez Bucio criticó a jueces por fallos polémicos a favor de criminales:
- Gregorio Salazar Hernández, por liberar a Janet Miriam ‘N’ sin seguir protocolos.
- María del Carmen Sánchez, por suspender órdenes de aprehensión contra Cuauhtémoc ‘N’.
- Magistrados en Querétaro, por evitar la prisión preventiva de un hijo de ‘El Marro’.
- María del Refugio Castañeda, por imponer medidas leves a Luis Antonio ‘N’ y cómplices.
El informe enfatiza demoras en Nuevo León, perjudicando casos de fraude fiscal de más de 3.2 mil millones de pesos, atribuidas a cargas de trabajo, ausencias judiciales y cambios de agenda, limitando el derecho a un juicio rápido.
